El Defensor valenciano denuncia “interferencias” al investigar los abusos a menores tutelados por Puig y Oltra

Hasta 175 menores bajo teórica protección de la Generalitat Valenciana de Ximo Puig y Mónica Oltra han denunciado abusos sexuales entre junio de 2020 y junio de 2021. Pero, si el dato es escalofriante, aún más lo es la respuesta dada por la Administración valenciana a estas menores: un informe del Síndic de Greuges ha denunciado las innumerables barreras encontradas para poder investigar lo ocurrido en los centros de tutela de menores. El informe narra tal bloqueo institucional a su investigación que plasma el siguiente texto: “Parece desprenderse que alguien con autoridad suficiente dio instrucciones para que la respuesta a los cuestionarios directos e individualizados que pidió el Síndic se remitiera, incompleta, a la Dirección General de Infancia y Adolescencia para su posterior elaboración y envío a esta institución”. El resultado ha sido igualmente categórico: “(…) Se ha impedido concluir adecuadamente la investigación”.

El informe del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo valenciano) relata toda una carrera de obstáculos donde “parece” que alguien “con autoridad suficiente dio instrucciones” para impedir el correcto desarrollo de la investigación lanzada para proteger a los menores.

La resolución del Síndic está fechada el pasado 17 de septiembre. Y recuerda que “mediante Acuerdo de 28/01/2021, el Síndic de Greuges procedió a la apertura de esta queja de oficio […] dirigida a supervisar el funcionamiento de los centros de protección específicos de menores con problemas de conducta”.

El campo de trabajo no era nuevo para el Defensor. Estos centros ya habían sido objeto de atención por parte del Síndic a raíz de quejas anteriores, “iniciadas durante los años 2013 (queja nº 1316338) y 2015 (queja nº 1513601), que dieron lugar a resoluciones de esta institución con recomendaciones de actuación dirigidas a la Conselleria competente”.
Pero el camino de espinas comenzó pronto: “Mediante oficio dirigido a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en fecha de 28/01/2021, solicitamos diversa información relativa, tanto a la elaboración de la normativa pendiente en la materia, como a las circunstancias de los diferentes centros y a las actuaciones de la Conselleria en relación con los mismos, teniendo en cuenta la situación de afección por la pandemia de la Covid-19”.

«Consignas» para restar credibilidad

Hay que recordar que este campo de actuación tampoco es nuevo para la responsable de esa Consejería y vicepresidenta del Gobierno Valenciano. El entonces marido de Mónica Oltra ha sido condenado a cinco años de prisión por abusos sexuales a una menor en un centro de menores de los tutelados por el departamento de Oltra.

De hecho, una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia ha narrado igualmente la existencia de aparentes “consignas” para restar credibilidad a la menor abusada: y es que la sentencia señala que al Tribunal (la Audiencia Provincial de Valencia) no le «pasa desapercibido el que sólo las personas ajenas al ámbito de la Conselleria dotan de credibilidad el relato de la menor» de la que abusó el marido de Oltra. Y justo «todas las testificales del personal del Centro de Menores y la Conselleria que trataron a Maite se la niegan». La Audiencia, de hecho, llega a la conclusión de que se aprecia «también aquí un claro sesgo de confirmación en toda la actuación de dicha Conselleria, a partir de la inicial percepción (consigna en realidad) de que Maite es una niña problemática, mentirosa e incluso violenta».

Pues bien, iniciada la investigación por el Síndic, empezó la muralla administrativa: “En respuesta a esta petición, en fecha de 12/03/2021 recibimos un informe de la Dirección General de Infancia y Adolescencia”. Y a la vista del citado informe y con objeto de recabar unas referencias más detalladas sobre el perfil y la situación de los menores atendidos, “en fecha de 13/04/2021 esta institución remitió a cada uno de los directores o directoras de los centros un cuestionario específico para que fuera cumplimentado «como director/a del centro», tal y como se les solicitaba de manera indubitada, habilitándoles, para que respondieran, la dirección de correo electrónico del técnico del Síndic que estaba tramitando el expediente”.

Y la respuesta fue el bloqueo: “Ante la generalizada falta de respuesta, en fecha de 07/05/2021 requerimos a todos los destinatarios, por segunda vez, la contestación al cuestionario, recordándoles la obligación legal de prestar auxilio al Síndic en sus investigaciones”, narra la resolución del Defensor valenciano.

El texto detalla que “de forma sorprendente, en fecha de 24/05/2021 recibimos un oficio de la Secretaria Autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales donde decían aportar en anexo adjunto «la información solicitada y aportada, directamente, por las residencias». Pero, lo que realmente se acompañaba era “un documento, sin firma alguna, pero con membrete de la Dirección General de Infancia y Adolescencia, que recogía, de forma sucesiva por centros, la respuesta a algunos de los datos solicitados por el Síndic a los directores y directoras, omitiendo otros aspectos del cuestionario tan relevantes como las observaciones, opiniones y valoraciones requeridas, de forma personal, a los citados responsables de los centros”.

El bloqueo no acabó ahí: “En fecha de 26/05/2021, en una reunión telemática celebrada entre la secretaria autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales, por una parte, y el Síndic y los dos adjuntos de la institución, por otra, pusimos de manifiesto la gravedad de la intromisión cometida, y solicitamos una respuesta por parte de la Conselleria”. Esa Consejería era directamente la de Mónica Oltra.

Y el bloqueo a la investigación fue a más: “Dado que no recibimos respuesta alguna, en fecha de 07/06/2021 se remitió personalmente a la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas un escrito, firmado por el Síndic de Greuges, poniendo en su conocimiento lo sucedido y solicitando una respuesta que permitiera recomponer la situación producida con la interferencia en la investigación que se estaba llevando a efecto”. Esa consejera y vicepresidenta era Mónica Oltra.

«Se impide concluir la investigación»

Y “con fecha de registro de salida de la Vicepresidencia de 3 de septiembre de 2021, se recibe respuesta de la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas que viene a respaldar la actuación llevada a cabo por la directora general de Infancia y Adolescencia, justificando la decisión de agrupar y modificar los cuestionarios enviados por el Síndic y de centralizar, en la Dirección General, la recogida y envío de las respuestas”.

Es más, la respuesta de Oltra “no ofrece ninguna actuación, por parte de la Conselleria, que permita llevar a efecto la investigación tal y como había sido diseñada y planificada por esta institución”.

Por todo ello, este pasado mes de septiembre el Síndic concluyó que “las circunstancias relatadas anteriormente ponen de manifiesto que se ha impedido concluir adecuadamente la investigación diseñada para la resolución de la queja de oficio, lo que obliga a ampliar las actuaciones desarrolladas hasta la fecha”.

Y, por todo ello, acordó “proceder a la visita de los siete centros objeto de estudio en el presente procedimiento para conocer, de primera mano, la situación de los menores y las características del funcionamiento de los citados centros”.